¿Cómo se concibe el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de la formación y el desarrollo de competencias?

La OIT tiene una amplia definición del diálogo social que refleja la extensa variedad de procesos y prácticas que se encuentran en los distintos países. Según esta definición, el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas o, simplemente, el mero intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, sobre cuestiones de interés común relativas a las políticas económicas y sociales29.

El diálogo social es, precisamente, una de las instituciones más importantes del mercado de trabajo y está asociado con un concepto amplio de participación ciudadana que, como tal,  consolida y fortalece la democracia. Resulta primordial para formular políticas de empleo acertadas y para movilizar el apoyo global de la sociedad, necesario para la aplicación eficaz de las mismas.

En materia de educación y formación, los interlocutores sociales deben fortalecer ese diálogo, compartir responsabilidades en la formulación de políticas y concertar asociaciones entre ellos o con los gobiernos para invertir en la formación, planificarla y llevarla a cabo.

En este sentido la OIT ha planteado en la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos que: “Los Miembros deberían, sobre la base del diálogo social, formular, aplicar y revisar unas políticas nacionales de desarrollo de los recursos humanos, educación, formación y aprendizaje permanente que sean compatibles con las políticas adoptadas en los ámbitos económico, fiscal y social30. La mejora y el mantenimiento de la empleabilidad y de la calidad de los recursos humanos, son cuestiones esenciales del diálogo social, así como aspectos de la  forma en que es suministrada la formación en el propio lugar de trabajo o fuera del mismo, por un proveedor de formación.

La negociación colectiva en un sentido amplio, es una de las formas más extendidas de diálogo social que tiene lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o representantes de empleadores y los representantes de los trabajadores, con el fin de determinar los temas relacionados con las condiciones de trabajo. 

La negociación colectiva tiene un importante papel en cuanto a las inversiones en la formación permanente, la identificación de las calificaciones necesarias para mantener la empleabilidad interna o externa y la creación de marcos de calificaciones, incluido el reconocimiento y la certificación. Las evaluaciones de impacto son un insumo valioso para la negociación colectiva, en tanto brindan información confiable acerca de la efectividad y los resultados de las acciones formativas como base para la discusión y la generación de acuerdos.

Particularmente en los ámbitos sectorial y de la empresa, la negociación colectiva ofrece condiciones para organizar e impartir la formación y puede comprender cuestiones como31:

  • las calificaciones que precisan la empresa y la economía;
  • la formación que requieren los trabajadores;
  • la evaluación de las calificaciones básicas y otras adquiridas en el lugar de trabajo o en el desempeño de actividades asociativas o individuales;
  • el establecimiento de pautas de carrera para los trabajadores;
  • la definición de planes de desarrollo y de formación profesional para los trabajadores;
  • la estructura necesaria para conseguir beneficios óptimos de la formación;
  • los regímenes de reconocimiento y gratificación, incluida una estructura de remuneraciones.

Los actores sociales tienen el desafío, entonces, de crear un marco adecuado para la negociación y lograr compromisos que sean coherentes con la necesidad de impulsar, sistemática y permanentemente, el incremento de la productividad y de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los trabajadores.

Potenciar a los grupos desfavorecidos y grupos menos representados en la negociación colectiva

Un desafío para la efectividad del diálogo social al delinear políticas públicas para enfrentar los problemas sociales, además de fortalecer las organizaciones de trabajadores y de empleadores, es la incorporación al diálogo de quienes no están organizados y que, en algunos casos, no tienen voz. En ciertos contextos, los grupos desfavorecidos están poco representados en la negociación colectiva, entre ellos los trabajadores de la economía informal, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores que han recibido poca instrucción, los trabajadores rurales, los pueblos indígenas y los migrantes32.

Estas personas son un porcentaje importante de la población trabajadora y sería muy importante diseñar sistemas inclusivos para que se incremente su integración en la negociación colectiva y participen de forma más activa en los procesos formativos. Es especialmente a estos colectivos a los que se suele brindar posibilidades de acceso a la formación mediante las políticas activas del mercado de trabajo, adoptadas principalmente por las autoridades públicas. Estos grupos, a quienes van dirigidas acciones de formación, han de tener la posibilidad de participar en la evaluación de impacto, en especial en la discusión de su diseño. Por ende, las autoridades gubernamentales deben favorecer el diálogo social, en sus diferentes formas y las que sean más apropiadas de acuerdo a los colectivos a los que se dirigen las políticas públicas, facilitando la activa participación de los interlocutores en la discusión de los términos de la evaluación.

El diálogo se convierte así en el canal de participación de las organizaciones representativas de los actores sociales, directa o indirectamente involucrados, como un medio fundamental para verificar el alcance de los objetivos que se proponen las políticas públicas en materia de equidad e integración social y económica. Su participación debe impulsarse en ámbitos como:

  • el diseño y formulación de la evaluación, definiendo las preguntas que la evaluación plantea resolver;
  • las etapas de  la formación;
  • los resultados que se quieren enfatizar; y,
  • la calidad de la intervención.

Esto no quiere decir que la evaluación pueda ser totalmente diseñada e implementada mediante un proceso político tripartito ya que la misma, para ser válida y confiable, supone requisitos técnicos e independientes de connotaciones políticas33.

La incorporación de los interlocutores sociales y demás interesados debe tener en cuenta:

  • el contexto socioeconómico y político;
  • los acuerdos sobre los objetivos de la evaluación y el proceso de la misma;

el suministro de información apropiada, relevante y actualizada que sirva de apoyo y consulta.

 

 

29  Aspectos clave del diálogo social nacional: un documento de referencia sobre el diálogo social. OIT. Programa InFocus sobre Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo, 2004.

30  OIT. Recomendación 195. Op. cit.

31  Resolución sobre la formación y el desarrollo de los recursos humanos. OIT. CIT, 88ª reunión, Ginebra, 2000.

32  OIT. Trabajo Decente en las Américas. Op. cit.

33  Grubb, W. Norton; Ryan, Paul. Op. cit.